¿VENEZUELA, POR FIN, EN LA MIRA DE UN JUICIO JUSTO?
En esas condición, se había hecho caso omiso entonces de los primeros testimonios de persecución, tortura y muerte documentados por las ONGs de derechos humanos venezolanas, presentados en múltiples ocasiones, sobre el caso de la marcha ciudadana del 11 de abril de 2002, en la cual murieron asesinadas 19 personas y 71 fueron heridas de bala por parte de los defensores de Chávez, todo bajo el argumento de que no había entrado todavía en vigencia el Tratado de Roma que creaba la Corte Penal Internacional (CPI).
APENAS EL HORROR DE PERSECUCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL COMENZABA EN ESE 2002
El caso fue que, justamente en 2002, vino a arrancar con todo rigor el asedio desatado por el régimen chavista contra la creciente oposición democrática conformada en Venezuela contra él, proceso del que formaron parte:
-La persecución de los trabajadores del petróleo desafectos al gobierno, que aparte del despido de más de 15.000 profesionales, destacó el llamado caso de “Los Semerucos”, una urbanización situada en el área de la ciudad falconiana de Punto Fijo donde un número de familias de dicha industria fueron desalojadas a media noche violentamente, con uso de gases lacrimógenos, de sus viviendas de habitación.
-La persecución de los militares desarmados de la Plaza Altamira, en Caracas, congregados allí por varios días en protesta cívica y el posterior asesinato, en el mismo lugar, el 6 de diciembre de 2002, por parte de un fanático progubernamental, de 3 personas civiles, y las lesiones inferidas a 6 más, todo ello por arma de fuego.
– La persecución política de los electores venezolanos que pedían, desde el 2003, un referéndum revocatorio contra el gobierno de Chávez, solicitud que condujo a la elaboración de las llamadas “ Listas Tascón”, en cuya virtud, miles personas fueron privadas de sus cargos públicos por haber firmado a favor del mencionado referéndum, todo ello posteriormente acompañado del asesinato de 14 opositores que marcharon al centro de Caracas, junto a otros miles, el 27 de febrero de 2004, para exhibir su oposición a las llamadas “firmas planas”. De igual manera se produjo una treintena heridos de bala y perdigón ejecutados por las fuerzas de seguridad del estado, así como la ejecución de numerosas detenciones arbitrarias.
–El inicio de los procesos de expropiación de tierras agrícolas productivas y ganaderas en perjuicio de numerosas familias legalmente poseedoras, desembocado en el caso emblemático de la huelga de hambre hasta la muerte, en el mes de agosto de 2010, emprendida por el ingeniero Franklin Brito, al desatenderse su reclamo de devolución de su pequeña propiedad agraria ocupada por el gobierno.
-A los actos criminales generalizados contra los disidentes políticos se unieron los casos muy particulares del asesinato del hijo de la senadora Haydée Castillo y el de 3 soldados que fueron quemados con lanzallamas en las celdas de castigo en el Fuerte Mara, en el estado Zulia, en el mes abril de 2004, por el simple hecho de su sentimientos antigubernamentales.
-¿Cómo olvidar, igualmente, la persecución bajo el régimen de Chávez, a los medios de comunicación social en el caso del cierre de Radio Caracas Televisión y de 33 estaciones del radio nacionales, con el designio de silenciar toda voz opositora, que produjo tras las protestas desarrolladas en todo el país el asesinato de dos estudiantes y 6 heridos de bala ejecutados por bandas parapoliciales en la ciudad de Mérida?
¿Podía hacer oídos sordos ante todos estos casos, de los que se le dio debida noticia, el entonces fiscal de la CPI, el citado fiscal Moreno Ocampo –casos, por cierto, elevados a él con mucho esfuerzo por parte de los familiares de las citadas víctimas del régimen de Chávez y que no fueron atendidos en la sala de la Fiscalía de la CPI-. ¡Podía y, por desgracia, no lo hizo!
EL HORROR CONTINUADO EN VENEZUELA
Muchos se preguntan por qué solamente ahora se están encausando los delitos de lesa humanidad en Venezuela desde el 2014. La razón alegada es la de que no se puede enjuiciar al autor o al responsable de tales crímenes –en el caso, Hugo Chávez- si el mismo ha muerto.
La muerte de Chávez fue anunciado el 05 de marzo de 2013, si bien había señalamientos de que había muerto mucho antes en La Habana, en diciembre de 2012.
Se pensó en un primer momento por algunos que las cosas podrían cambiar para bien. Pero desde el mismo 2013, tras unas cuestionadas elecciones que llevaron a la Presidencia a Nicolás Maduro, se produjo el inicio de asesinatos y crímenes en serie: -43 asesinados en las protestas opositoras de 2014; -153 asesinados en las protestas estudiantiles de 2017; – la llamada “masacre de El Junquito”, en la que se da muerte al inspector Oscar Pérez, miembro políticamente disidente de la antigua Policía Técnica Judicial, y a 6 acompañantes, el 15 de enero de 2018; -el asesinato bajo custodia policial del concejal Fernando Albán, el 8 de octubre de 2018; -16 estudiantes asesinados entre el 22 y 23 de enero de 2019 que protestaban por la instalación ilegítima del segundo mandato de Nicolás Maduro; -51 manifestantes asesinados, a partir del 23 de febrero de 1819 que, a lo largo y ancho del país reclamaban la entrada a Venezuela de ayuda humanitaria exterior, entre ellos 7 de la etnia pemón, en la frontera con el Brasil; -y el espantoso secuestro, tortura y muerte del oficial del capitán de Corbeta Fernando Acosta Arévalo el 29 de junio de 2019, acusado de conspirar contra el Presidente Nicolás Maduro, muerte ocurrida ante los ojos del propio juez de la causa y en momentos en que representantes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas visitaban el país para documentar los casos de violación de los derechos humanos en Venezuela.
MIENTRAS TANTO EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL RETUMBARÍAN LOS RECLAMOS SOBRE VENEZUELA
Para 2018, año en que se inicia en la Corte Penal Internacional el caso Venezuela en su primera fase, tenía la fiscal de la misma Fatou Bensouda 7 años ejerciendo funciones y era ante quien se había ido documentando las reiteradas violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
En ocasión de los asesinados en el 2014, un grupo de 118 diputados de América Latina, encabezado por la diputada argentina Cornelia Smith Liermann, denuncian ante la CPI el 7 de abril, las violaciones de derechos humanos en Venezuela, pronunciándose bajo el principio de complementariedad.
El 27 de septiembre de 2018, 6 Estados miembros de la CPI, a saber: Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá habían ejecutado una remisión a la Corte sobre la situación de Venezuela desde el 12 de Febrero de 2014 hasta ese año.
Además, el 2 de Julio de 2020 la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, hacía público en Ginebra un espeluznante informe sobre las reiteradas violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.
Por su parte, en el exilio un grupo de expertos venezolanos crean el Comité Internacional contra la Impunidad –CICIVEN en el mes de agosto de 2020, para denunciar los retrasos procesales que la Fiscalía de la Corte Internacional había incumbido en el caso de Venezuela.
De igual manera, la Organización de Estados Americanos, que, desde el 2018, había estado elaborando un informe documentado sobre las violaciones de los derechos humanos en el país, encomendado por el Secretario General Luis Almagro a un Panel de Expertos, encabezado por Jared Genser, a fin de que se cumpliese con los requerimientos establecidos por el estatuto de Roma, pudo remitir tal informe a la Fiscalía de la Corte el 2 de diciembre de 2020.
Si el informe de la Alta Comisionada Bachelet había sido impactante, el informe Genser lo fue aún más porque: -Identificaba 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014; -15.501 casos de detención arbitraria u otras formas de privación severa de libertad desde 2014; -Asentaba que decenas de millones de personas habían sufrido de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen; -Identificaba 724 casos de desaparición forzada entre 2018 y 2019; -Documentaba 653 casos de tortura desde 2014; -Afirmaba que la violación y la violencia sexual habían sido convertidas en armas de tortura por el régimen; y. finalmente -Destacaba el fracaso de la Fiscal de la CPI en realizar su examen preliminar de manera expedita, así como su renuencia a iniciar una investigación, a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes cometidos dentro de la jurisdicción de la Corte.
Si observamos los pasos dados por la Fiscal Bensouda, en su propio informe presentado ante la Asamblea Anual de los Estados partes del Estatuto de Roma, en diciembre de 2020, encontramos un retardo de sus acciones para abrir y proseguir con el caso venezolano de casi 3 años, así como la manipulación del mismo, influenciada quizás por su amistad personal con Haifa El Aissami, embajadora del gobierno venezolano ante la CPI de La Haya.
El 8 de febrero de 2018, fecha en que se inicia el caso denominado Venezuela I, se había acordado originalmente una verificación inicial entre el 2014 y el 2018. Sin embargo en la página web de la Corte se observa que la apertura del caso Venezuela, sólo estaría centrada en los crímenes alegados desde abril de 2017 y en los hechos ocurridos en las cárceles venezolanas.
El 5 de noviembre 2019, fecha en que supuestamente se inicia la fase Venezuela II, la Fiscal de la CPI informa sobre las remisiones del Fiscal venezolano (ilegítimo) en base del artículo 14 del estatuto de Roma, en relación a “la situación en su propio territorio” bajo la excusa de las medidas coercitivas del gobierno de los Estados Unidos. La fiscal señala que ha referido las mismas a la presidencia de la Corte como un Pre –Trial.
Finalmente, el 14 de diciembre de 2020, la fiscal Bensouda señala que hay razones para creer que hay delitos de competencia de la Corte, tres años después del inicio del examen preliminar.
PARA TERMINAR, LOS VAIVENES EN LA ELECCION DEL NUEVO FISCAL DE LA CPI
Un nuevo fiscal de la CPI debió haber sido escogido el pasado 18 de diciembre de 2020 en ocasión de la reunión anual de los Estados partes, celebrada una primera parte en La Haya y otra parte en Nueva York, por razones de la actual pandemia sanitaria mundial. Sin embargo, nunca se había visto tanta dificultad en la escogencia del Fiscal de la Corte, proceso que fue prorrogado 10 veces.
En 2018 se había creado un comité con el mandato de supervisar la selección del Fiscal, conformado por el Embajador M. Czepelak de Polonia, el Sr. L. Faati de Gambia, el Embajador A. Mavroyiannis de Chipre, la Embajadora S. Nölke de Canadá y el Embajador M. Oyarzábal de Argentina, con la participación adicional de un Grupo de Expertos integrado por F. Cox Vial de Chile, A. Devos de Francia, el Ch. Jalloh de Sierra Leona, M. Noguchi de Japón y A. Richterová de la República Checa.
En agosto de 2020, entre un centenar de postulantes, el Comité redujo las posibilidades a cuatro candidatos a saber: Fergal Gaynor de Irlanda; Susan Okalany de Uganda; Morris A Anyah de Nigeria y Richard Roy de Canadá. Una reseña de prensa señalaba entonces como favorito al experto belga, Serge Brammertz, quien renunciaría a la postulación, el 20 de noviembre de 2020.
Sin embargo, para el 20 de diciembre de 2020, al no haber un consenso entre los 123 Estados-parte, se abre la escogencia a nuevas postulaciones en donde aparecen 8 nuevos candidatos, todos europeos: el británico Karim Khan (abogado especialista en derecho penal internacional –endosado por el Secretario General de la O.N.U. Antonio Guterres), la fiscal francesa Brigitte Raynaud; la fiscal irlandesa Gemma Moran, el Fiscal General de Palermo, Francesco Lo Voi, el fiscal alemán Christian Ritscher; la Fiscal general de Estonia Lavly Perling; la fiscal de Australia, Lloyd Babb y el fiscal español Carlos Castresana Fernández (endorsado por el canciller de la Unión Europea Josep Borrell y por el ex – Presidente hispánico y consecuente amigo del gobierno venezolano de Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero).
En la consulta del 4 febrero de 2021 gana terreno el candidato británico Karim Khan con un 53 % de las preferencias sobre un 36 % del irlandés Fergal Gaynor y un 10 % sobre el español Castresana.
Finalmente el 12 de Febrero de 2021 en elecciones secretas ha ganado el candidato inglés, Karim Khan, quien tiene una excelente trayectoria y experiencia en los asuntos penales tanto en su país nativo como internacionales en los casos del Tribunal Internacional para la ex – Yugoslavia, el tribunal Penal Internacional para Rwanda, el Tribunal especial para el Líbano, los perseguidos en Irán, entre otros, que augura una nueva y compleja etapa en la Fiscalía de la CPI.
Nueva etapa, en la cual esperan justicia las víctimas de crímenes de lesa humanidad venezolanas arriba descritas, y los más de 5 millones de desterrados en la actualidad, así como de la justicia en otros países del mundo que han sufrido el genocidio, la persecución, tortura y muerte por parte de regímenes que bajo ideologías sectarias han querido manipular sangrientamente.
Como parte del Comité Internacional contra la Impunidad, es mi deseo la aplicación de una sola palabra: justicia.
* Por Silvia Schanely de Suárez
Internacionalista UCV, Asesora Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados. Profesora de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV
Twitter @silviadijon
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