Walter Márquez: "Decisión contra El Nacional es una confiscación y crimen de persecución"

 

 

 

 

•                                          "Debe exigirse responsabilidad del Estado"

 

 CICIVEN

La decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de fecha 16 de abril de 2021 que ordena a los propietarios del diario El Nacional a pagar alrededor de 13 millones de dólares por concepto de “Daño moral gravísimo” en contra de Diosdado Cabello, es una confiscación de hecho que se convierte en un crimen de persecución tipificado en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad de acuerdo al artículo 7.H de esa normativa internacional, expresó el parlamentario venezolano jubilado, director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), defensor de los Derechos Humanos y presidente de la Fundación El Amparo Walter Márquez.

Debemos señalar –indicó- que el régimen así como usó el aparato militar y judicial para reprimir a los manifestantes en la calle durante las protestas populares de 2014, 2017 y 2019, ahora está usando el aparato judicial para reprimir a la disidencia, apoderarse de medios de comunicación y silenciarlos.

Considera Walter Márquez que esta confiscación es mucho más grave que las que se hicieron en la época de Hugo Chávez Frías, por lo que se debe rechazar enérgicamente ya que no solo atenta contra la libertad de expresión, la libertad a la información, el derecho al trabajo, el derecho de propiedad,sino que se convierte en una advertencia para los medios de comunicación democráticos que pueden terminar autocensurándose en un país donde cada día hay menos libertad de expresión y menos libertad de opinión.

ACTUACION DE LA CIDH Y LA CPI

--- Esta situación de confiscación del Nacional nos hace recordar la época del nazismo, en la que Adolfo Hitler ordeno que se le confiscaran y decomisaran los bienes a los judíos, y también lo ocurrido a raíz del triunfo de la revolución cubana, cuando por órdenes de Fidel Castro se confiscaron y expropiaron medios de comunicaciones, empresas y haciendas en esa isla caribeña. Ahora el régimen de Maduro se pone al servicio de los intereses particulares de Diosdado Cabello empleando la represión judicial y la confiscación de medios de comunicación social. Frente a estos hechos es importante que se actúe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, a fin de pedir la responsabilidad internacional del Estado frente a estos atropellos, incluyendo al del jefe de Estado de facto Nicolás Maduro, que por acción y por omisión ha sido corresponsable de esta confiscación, y también es importante dirigirse a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya por el crimen de persecución contra los propietarios de El Nacional, los trabajadores y los periodistas mediante un ataque sistemático y generalizado contra los medios de comunicación que incluyen a La Patilla, Tal Cual, Radio Rumbos, entre muchos otros que a lo largo del régimen se han visto en la obligación de cesar funciones, migrar solo a formato digital o, peor aún, publicar informaciones que no le sean adversas a la dictadura de Maduro y su entorno—explicó Márquez.

En este sentido detalló que el nuevo fiscal de la CPI Karim Khan, debe revisar este caso, ya que el 15 de junio concluye su mandato la fiscal Fatou Bensouda, “quien ha sido una cómplice del régimen de Nicolás Maduro en esta instancia penal internacional”.

Finalmente ratificó Márquez que rechaza enérgicamente la confiscación del diario El Nacional y exhorta al equipo de abogados de Miguel Enrique Otero y del diario El Nacional, que además de las acciones nacionales e internacionales que han ejercido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hacer una solicitud expresa para que se establezca ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado venezolano y también ante la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la Haya la responsabilidad personal individual, tanto de Diosdado Cabello como de los magistrados y funcionarios judiciales que han suscrito las diferentes decisiones confiscatorias contra el diario El Nacional y sus propietarios.