34 ciudadanos del Alto Apure permanecen detenidos en el área de Procesados Militares

 

      34 civiles permanecen recluídos en el  área de Procesados    Militares, entre ellos seis mujeres

 

 CICIVEN

 

De acuerdo a investigaciones en la zona, algunos de los 34 civiles apresados en el Alto Apure, les sembraron evidencias o simplemente señalan que estaban en una actitud sospechosa hablando por teléfono, afirma el exparlamentario Walter Márquez en comunicación desde Guasdalito.

“Fueron trasladadas a Santa Ana y recluídos en el  área de Procesados Militares, incluyendo a seis mujeres, incluso una de ellas sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, quien estaba embarazada y luego abortó”, precisó Márquez.

Walter Márquez es presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional contra la impunidad en Venezuela (CICIVEN).

Se cumple el lapso procesal

Al cumplirse el lapso procesal de los 45 días para el acto conclusivo por parte del Fiscal Militar de Guasdualito, luego de que les dictaron detención preventiva a 34 ciudadanos por los sucesos del Alto Apure el pasado 26 de marzo por parte del Tribunal Militar 14 de Control de Guasdualito, dicho funcionario deberá presentar esta semana la acusación o solicitar el sobreseimiento y archivo del expediente, según indicó Márquez.

Precisó que la mayoría de los encarcelados fueron detenidos de manera arbitraria, tomando en consideración los testimonios de testigos e investigaciones que han adelantado desde la Fundación El Amparo  que revela que algunos fueron  apresados en su casa de habitación, en fincas donde laboraban, en queseras, en panaderías tanto en zonas rurales como urbanas y en alcabalas instaladas a lo largo de la carretera entre Guasdualito y La Victoria a consecuencia del mismo conflicto militar entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un frente disidente de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).

Algunos de estos presos están siendo representados por defensores privados, entre ellos José Raúl Ortega y Dídimo Sogamoso, quienes conjuntamente con la Fundación El Amparo han estado atendiendo a los familiares y a algunos de los 34 detenidos, de los cuales 28 son hombres y 6 mujeres, incluso una de ellas sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, quien estaba embarazada y luego abortó, agregó Márquez.

Manifestó el parlamentario jubilado que de acuerdo a investigaciones adelantadas, a algunos de esos presos les sembraron evidencias o simplemente señalan que estaban en una actitud sospechosa hablando por teléfono, cuando en la realidad no existen elementos probatorios contundentes, pero aun así se les acusa derebelión, ataque al centinela y asociación para delinquir.

Walter Márquez expresó su preocupación por la situación de los familiares, ya que estas personas detenidas fueron trasladadas a Santa Ana al área de Procesados Militares (PROCEMIL) desde Guadualito, “y si bien es cierto que allí existen mayores comodidades para los detenidos, el traslado de los familiares a Santa Ana por el tema de la pandemia y la falta de gasoil y gasolina en el país, especialmente en los estados de frontera como es Apure, Barinas y Táchira, les limita el derecho humano de visitar a sus familiares”, dijo.

Lista de Detenidos

Walter Márquez informó que al cumplir los 45 días de su detención judicial tuvo acceso a los nombres y fotografías de quienes están recluidos en el pabellón de Procesados Militares (PROCEMIL) del Centro Penitenciario de Occidente (CPO), luego de una recopilación e investigación realizada por la Fundación El Amparo.

Indicó que la lista de ciudadanos civiles privados de libertad por decisión del Tribunal Militar 14 de control de Guasdualito es la siguiente: Romer Alberto Cantero Núñez, Jairo Arnulfo Moreno Matus, Roberto José Rosendo Castañeda, Jhoan Hernández Sierra, Ubaldo Hernández Sierra, Carlos Javier Gutiérrez Berro, José Antonio Artiga Castillo, Edgar José Hernández Caisedo, Mario Pereira, Carlos Leandro García, Franklin José Castillo Nieves, Kendri Lisandro Lara Ereu, José Arnulfo Hernández Sierra, Edicson Yesid Quintero Castro, Jorge Eliécer Ávila Gamboa, Yovanny Antonio Siabato Buitrago, Franmer Yonaiker Castillo Nieves, Jairo Javier Mujica Calderón, Francisco Filot García, Arnol Yesid Cermeño Díaz, Rafael Enrique Gómez Peralta, Daniel Isaías Tovar Siabato, Lino Remi García Rojas, Víctor Alfonzo Mercado Amaya, Adolfo Enrique Mercado Amaya, Jesús Cristóbal Camargo, Elvis Miguel Guerrero Domínguez, y las mujeres: Mónica Andrea Triana González, Devora Virginia Puga Márquez, Carmen Cecilia Cubides Villamizar, Adriana López, Yorlis Paola Gil Moreno y Yuraimy Margarita Osorio Pérez.

Crímenes de guerra y lesa humanidad

Ante las irregularidades cometidas en las detenciones arbitrarias contra ciudadanos ajenos al conflicto armado que se libra en el Alto Apure, Walter Márquez manifestó su compromiso y el de la Fundación El Amparo para seguir en estado de alerta, investigando y documentando sobre lo ocurrido con el fin de apoyarlos en su defensa ya que se ha vulnerado el derecho internacional humanitario o el derecho de guerra y se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Recordó que el conflicto armado se inició el 21 de marzo y aún se mantiene, dejando como  resultado cinco prisioneros ajusticiados en la zona de La Victoria-El Ripial y militares masacrados tanto por la guerrilla como por las propias fuerzas militares en medio de un fuego cruzado que ocurrió en el sector La Capilla, en las inmediaciones de La Victoria en el Alto Apure.

Walter Márquez precisó que por errores tácticos y estratégicos de los altos mandos hirieron a 7 militares , masacraron a 12 miembros de cuerpos élites de una escuadra combinada de la Marina y el Ejército venezolano y 8 están como prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo a un comunicado remitido por esa organización subversiva a la Cruz Roja Internacional, además del desplazamiento forzoso de más de 6000 venezolanos y colombianos a la población fronteriza de Arauquita en territorio colombiano, que de acuerdo al estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) están tipificados como  crímenes de guerra y lesa humanidad.